¿Quién manda en Panamá?

¿Quién manda en Panamá?

27 de agosto del 2018

Cada cinco años, los panameños nos volcamos a las urnas para elegir a un nuevo mandatario y una nueva asamblea, así como a las autoridades locales, que deben regir los destinos del país por el próximo quinquenio. De los tres órganos del estado, sólo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son designados por un período distinto al de las autoridades electas.

La constitución panameña, a pesar que establece tres órganos del estado que deben actuar “separada y separadamente, pero en armónica colaboración”, en el fondo estableció un sistema de gobierno donde el poder se concentra en el Palacio de las Garzas, sede principal del órgano ejecutivo y hasta no hace mucho, el balance entre poderes se había limitado a la negociación o chantaje político para que los administradores temporales del país se pusieran de acuerdo para obtener ventajas o beneficios.

Hoy, este pedacito de tierra, “puente del mundo y corazón del universo”, se ve convulsionado, precisamente por una desinstitucionalización del estado y por el propio desgaste de un sistema, que, a juicio de muchos, esta viendo sus últimos días. En este sentido se han producido cientos de reuniones de diferentes grupos de las esferas políticas partidistas y no partidistas, pues al final todos somos políticos, tratando de buscar alternativas, pero la gran mayoría se han frustrado ante el “secuestro” al que
estamos sometidos, por la propia constitución y por la gran desconfianza en todo y en todos que reina en el país.

La constitución vigente, nos mete en una camisa de fuerza, en lo que a los posibles métodos para reformas la constitución se refiere y, por esa desconfianza a la que hice referencia mas arriba, pocos se atreven a aceptar los llamados a una asamblea constituyente, propuesta por algunos grupos sindicales y políticos; todos sabemos que lo que entra de una manera a la Asamblea Nacional, no hay seguridad de cómo puede salir. La mejor prueba fueron las propuestas presentadas para reformar las reglas de juego del torneo electoral que acaba de iniciar.

Con esto en mente, debemos jugar con las reglas establecidas en la constitución vigente, cuya base data de inicios de la década de los 70, pero que ha sufrido más modificaciones que la cara de una vieja adinerada.

En los últimos años, el presidente de turno había gozado de un relativo “control” del órgano legislativo, control este que se ha desvanecido en las postrimerías del presente quinquenio, ante la terquedad y pataleos del inquilino del palacio presidencial, quien sufrió una primera derrota política cuando sus propuestas para llenar las vacantes en la Corte Suprema, recibieron el rechazo contundente de “primer órgano del estado”.

O sea, se podría decir que, hasta cierto punto, perdió el control del cual había venido gozando. Esto nos podría hacer pensar que entonces fueron los dirigentes del Órgano Legislativo quienes entonces se hicieron con el poder político, ¿verdad? Pues pareciera que no fue así, pues la Contralor General de la República, destapó lo que podría considerarse como una olla de grillos, haciendo pública información que muchos sospechaban, pero que cuando es compartida por el éste “órgano contralor” ha levantado no sólo olas de indignación, sino que ha generado un repudio en la ciudadanía hacia sus propios representantes, que se tradujo en un movimiento ciudadano que propugna la no reelección de los actuales ocupantes del Palacio Justo Arosemena.

El balance del poder político indica que son los diputados los encargados de juzgar tanto al presidente de la república como a los magistrados. Este precepto es lo pareciera que ha mantenido entre la máxima instancia de justicia y la sede del poder legislativo en un tu no me juzgas y yo no te juzgo, o sea lo que se aprecia como una impunidad total.

Desde el retorno a la democracia, se intentó hacer que la policía se convirtiera en eso, policías; en los dos últimos gobiernos, se ha ido cambiando este sentir de una gran mayoría que sufrimos el abuso de una “clase militar” que desvirtuó gran parte de las libertades civiles y económicas del país, situación ésta que a la que no nos podemos permitir regresar.

Bajo este panorama, pareciera que viviéramos una anarquía de la cual estamos obligados a despertar como ciudadanos. Lo irónico es que añoramos “manos duras”, pero luego recordamos que nos gustan. Muchos prefieren vivir en la doble moral de querer leyes estrictas para todos los demás, pero cuando nos toca a nosotros, buscamos los padrinos que nos ayuden a que no nos sean aplicadas.

Creo que es imprescindible que nos sentemos a pensar qué clase de gobierno queremos desde ahora hasta julio del otro año, pero mas importante es decidir la clase de gobierno que realmente deseamos para el próximo período presidencial.

Paralelamente, debemos considerar que requerimos de una reforma constitucional que en principio nos conduzca entonces, elegir a los mejores hombres y mujeres que prepararían una nueva constitución que refleje las necesidades y siente las bases para una nueva democracia.

Para todo esto requeriremos una dosis extrema de RESPETO, TOLERANCIA Y SABIDURÍA, que, sumados a tantos otros valores, se convertirán en la única salida para que no tengamos evocar la frase que hizo famosa nuestro admirado Mariano Rivera:”Apaga y vámonos”

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