La oposición venezolana en el nuevo mandato de Nicolás Maduro

Anadolu

La oposición venezolana en el nuevo mandato de Nicolás Maduro

10 de enero del 2019

Este 10 de enero es día decisivo para los opositores de Nicolás Maduro, sin embargo, algunos de sus voceros como el diputado Miguel Pizarro han insistido en que no se deben crear expectativas que no se puedan satisfacer.

Pero es inevitable que muchos vean este día, en el que Maduro tomará posesión por segunda ocasión al cargo de presidente, la posibilidad de cerrar el capítulo del chavismo en la nación caribeña, tras 20 años en el poder.

Parte de la comunidad internacional desconoció los resultados de las cuestionadas votaciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue proclamado ganador y en las que parte de la oposición decidió no participar por considerar que no existían garantías de que fueran justas.

“Vamos a ver qué pasa este jueves”, dijo esperanzado a la Agencia Anadolu Richard López, un vigilante privado de 43 años, en las vísperas del llamado “10E”.

López responsabiliza al gobierno de Maduro de la precaria situación en la que vive, sin acceso a medicinas ni alimentos, y con un sueldo que solo le alcanza para pagar medio cartón de huevos (15 unidades) y los pasajes en transporte público para cumplir con las diez guardias que hace al mes.

Algunos colegios suspendieron sus clases este día, mientras que varios representantes de las instituciones que siguieron con sus actividades regulares prefirieron no enviar a sus hijos, “por si algo pasa”.

También, en días previos, como suele suceder en fechas decisivas como en las que se celebran elecciones, hubo algunas compras nerviosas de víveres.

Sin embargo, según confirmaron a la Agencia Anadolu dirigentes opositores, este jueves, el sector no tiene planificada ninguna actividad, cuando se espera que ahora a las 10:00 AM hora local, Maduro sea juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tildado de “ilegítimo” por la oposición y con una instancia opositora “legítima” paralela en el exilio.

De acuerdo con la Constitución, la juramentación debe hacerse ante la Asamblea Nacional, pero desde que la oposición venezolana obtuvo mayoría calificada en las elecciones parlamentarias de 2015, tras conseguir 112 de las 167 curules, el Ejecutivo ha desconocido esta instancia y, valiéndose de otros poderes, la ha declarado en desacato.

Sus funciones han sido limitadas y, desde 2017, se instauró una institución oficialista paralela, denominada Asamblea Nacional Constituyente, con facultades plenipotenciarias sobre este y los demás poderes.

Sin embargo, sobre el Parlamento venezolano, recaían las esperanzas de un importante sector de la población para el “10E”.

“A partir del 10 de enero nos enfrentamos a la ruptura del orden constitucional y la Presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada”, dijo el diputado Juan Guaidó en su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.

Guaidó enumeró ocho líneas de acción de cara a este día, que contemplan, entre otras cosas, que la AN asuma la representación del pueblo venezolano ante la comunidad internacional, la creación de un órgano de transición para la “restitución del orden constitucional” y la aprobación de una agenda legislativa para la transición.

Los voceros del gobierno insistieron en que la AN estaba en “desacato” y propusieron su disolución. Mientras que un sector de la población se sintió defraudada pues esperaba un plan “más concreto”, como le dijo el vigilante López a la Agencia Anadolu.

Falsas expectativas

El director del centro de Estudios Políticos y Gobierno (CEPYG) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón, insistió en una entrevista concedida al periódico interno de la institución educativa, la cual fue publicada este miércoles, que la nueva directiva de la AN, juramentada este 5 de enero y encabezada por Guaidó, debía tomar ventaja de su “legitimidad de origen” para mantener el apoyo de la comunidad internacional y coordinar el proceso de oposición en Venezuela.

Sin embargo, destacó que antes debía “reconstruir” su credibilidad, “porque han prometido cosas que no han podido hacer”. Entre esas cosas, “dijeron que el gobierno saldría en pocos meses y no lo pudieron hacer; luego, llamaron a una consulta popular y no pudieron cumplir lo que allí se planteó”.

El CEPyG-UCAB, con sede en Caracas, había divulgado en noviembre del año pasado, cuando se gestaban las altas expectativas sobre la fecha del 10 de enero, un estudio demoscópico encargado a la firma local Delphos para determinar el apoyo que tendría una propuesta que se ha promovido desde este centro de producir una transición democrática en el país desde la base social.

Uno de los aspectos que reveló esta encuesta es que “toda la oposición” y su principal coalición de partidos, la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), son también considerados “responsables” de los problemas del país, después del Gobierno nacional, considerado culpable por más de la mitad de los encuestados.

Según aseguró a la Agencia Anadolu Félix Seijas, director de esta firma, hasta diciembre las respuestas a la pregunta hecha en los estudios seguía siendo más o menos similar.

“La oposición está bastante baja en la percepción de la gente. Se va a mantener en esos niveles a menos que ocurra algo que rescate la confianza”, aseguró Seijas, quien señaló como causas de esa percepción una frustración canalizada con distintas acusaciones: que sus dirigentes son “vendidos” o pagados por el Gobierno, “incapaces”, tienen intereses personales, están enfrascados en discusiones que los han desenfocado de lo importante o no ha sido lo suficientemente fuertes para contrarrestar los duros “golpes” que les ha dado el Gobierno.

Al referirse al parlamento puntualmente, Seijas insiste en que las opiniones están divididas: “Hay un porcentaje que le adjudica los mismos atributos que a los partidos y a los políticos (…) pero la mayoría reconoce a la AN como una instancia importante que sin embargo no ha podido hacer lo que tiene que hacer”.

Ataques a la oposición

La diputada Delsa Solórzano acusa al gobierno de emprender una campaña de desprestigio para acabar con la oposición, particularmente con la instancia a la que pertenece.

De igual forma, denuncia una campaña de persecución que comenzó desde el momento en el que la nueva Asamblea Nacional fue instaurada, el 5 de enero de 2016, y que al día de hoy exhibe como resultados cinco diputados en el exilio, uno resguardado en la embajada de Chile en Venezuela y otro recluido en la sede de la Policía de inteligencia local.

Pero hay más. Según Solórzano, 60 diputados opositores tienen casos corroborados de persecución, admitidos por la Unión Interparlamentaria Mundial, que ha emitido para cada uno una resolución. A algunos solo se les ha negado tener pasaporte mientras que otros han sufrido atentados contra su integridad física.

Solórzano es una de ellos y es, también, de los parlamentarios venezolanos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El único culpable de lo que estamos viviendo es el Gobierno”, insiste Solórzano, quien lo acusa de querer acabar con la oposición.